España en los años 60 y 70
La crisis económica y la reconversión industrial
Cuando los socialistas llegaron al poder se daban unas consideraciones económicas en apariencia pésimas. A parte de los rasgos ya mencionados, el déficit alcanzaba al 5 % del PNB y la inversión seguía retrocediendo. El ajuste industrial y energético seguía pendiente y la reforma fiscal y financiera se habían detenido, la reforma del mercado de trabajo ni siquiera había comenzado, principalmente por el temor a enfrentarse con los sindicatos.
Pero a estos males objetivos, había que sumar otros que procedían de la oposición. El programa electoral del PSOE ha sido calificado como <
Los responsables de la política económica tuvieron una efectiva autonomía en relación con el partido y con respecto al programa electoral mismo. Fueron técnicos que tenían posiciones ideológicas situadas en el extremo más moderado del espectro socialdemócrata, caso de Miguel Boyer. La ventaja principal de que dispusieron no fue sólo la recuperación del ciclo económico que tuvo lugar a partir del año 1983, sino, sobre todo, la fuerte estabilidad política conseguida a través de una hegemonía parlamentaria muy marcada.
La primera etapa 1 983- 1 985: La prioridad esencial de la política económica fue la reducción de la inflación, que descendió al 14 % en el año 1982, al 8 % en 1985 – con una disminución, por tanto, del 40% -, para luego descender aún más.
El ajuste se realizó en gran medida a costa del empleo, de tal manera que la tasa de paro pasó del 16 al 22 %. No sólo se incumplió el objetivo de crear 800.000 puestos de trabajo, sino que la disminución del empleo se cifró de manera aproximada en ese número. El desequilibrio exterior se superó y se alcanzó un superávit importante. La reforma del sector público era también necesaria, puesto que en 1983 el 70 % del déficit del INI se debía a empresas que habían sido socializadas entre los años 1977 y 1982 para evitar crisis sociales a corto plazo.
Esta política económica sentó las bases para el crecimiento económico posterior. Se trató de una operación de saneamiento. La reconversión, por ejemplo, tan sólo afectó a unos 60 000 trabajadores y no supuso un sustancial incremento de la competitividad de las empresas implicadas. La expropiación de RUMASA fue una operación técnicamente incompetente, y sólo beneficiosa para los intereses privados, que lograron ventajas como consecuencia de la posterior privatización de lo expropiado.
En otro terreno – Plan Energético, por ejemplo – la gestión socialista no hizo otra cosa que llevar a cabo lo que se debería haber hecho mucho antes.
Entre 1987 y 1989, durante la segunda etapa de la gestión económica socialista, el crecimiento español se situó alrededor del 5 % anual, un porcentaje muy fuerte, superior en uno o dos puntos a la media europea. Además, el número de trabajadores ocupados pasó de once millones a algo más de doce millones y medio, aunque eso no quiere decir que se resolviera el problema del paro. Junto al crecimiento se avanzó en otros terrenos como en la liberalización financiera y del mercado del trabajo.
A partir de comienzos de los años noventa, cuando tuvo lugar una recesión mundial, en la tercera etapa, se pudieron apreciar las limitaciones de la gestión económica del gobierno. Una peseta fuerte y unos tipos de interés altos estimularon la llegada de capitales extranjeros que, a menudo, se centraron en negocios puramente especulativos. En esta última fase, además, la ejecución de la política presupuestaria y del déficit público fue disminuyendo progresivamente.
Un efecto muy significativo de la política económica socialista ha consistido en el incremento del gasto social, en especial para la creación del Estado del bienestar.
La gran transformación española durante esta década quizá se produjo en educación, donde el gasto pasó del 2,8 % al 4,7 % del PIB, la obligatoriedad de la enseñanza llegó hasta los 16 años, se crearon un millón y medio de puestos escolares y el número de nuevos becarios superó el medio millón. En segundo lugar ha desempeñado un papel decisivo la sanidad pública, que se ha generalizado en el conjunto de la sociedad española. En cuanto a la seguridad social también se ha extendido hasta las pensiones no contributivas y que la cobertura por paro se ha incrementado en más de medio millón de personas.
(Tomado de Vicenta Fernández)
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